Mientras el Estadio Azteca se prepara para su tercera Copa del Mundo, sus legítimos concesionarios enfrentan el riesgo de ser marginados en su propio inmueble.
La fiesta del futbol se acerca, pero no todos están invitados. Los dueños de palcos del Estadio Azteca —titulares de concesiones por 99 años— se dicen listos para ir a tribunales si no se les garantiza lo que consideran suyo por derecho: el acceso a sus espacios durante el Mundial 2026.
En medio de negociaciones tensas y respuestas ambiguas, la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas ha lanzado una advertencia clara. A través de un correo enviado a sus afiliados, se les solicitó autorización para emprender acciones legales si no hay una resolución favorable en los próximos días.
“Actualmente, acordamos esperar hasta finales de este mes (marzo) para recibir una resolución definitiva que esperamos sea favorable para todos nuestros afiliados”, señala el documento.
La postura es diplomática, pero el trasfondo es claro: si la negociación no prospera, habrá demanda. Porque mientras el Estadio Azteca —ahora rebautizado como Estadio Banorte tras una negociación que involucró más de 2 mil 100 millones de pesos— se transforma con miras al evento global, sus propietarios históricos están siendo desplazados en silencio.
El conflicto estalló luego de que FIFA solicitara la disponibilidad total del inmueble para el Mundial. Esto detonó una ola de incertidumbre entre los dueños de palcos, quienes han buscado, sin éxito hasta ahora, un acuerdo que respete las cláusulas de una concesión que, en algunos casos, supera los 50 años de antigüedad.
“Es importante estar preparados para cualquier escenario”, advierte el comunicado de la Asociación. “Los costos de estas acciones serían bajos… mucho más económicos que comprar boletos para acceder a los lugares del estadio que, por derecho, son nuestros”.
La ironía es contundente: quienes invirtieron en el Estadio Azteca cuando no era una mina de oro, hoy enfrentan la posibilidad de ser despojados justo cuando el inmueble alcanza su máxima cotización emocional y mediática.
La administración del estadio guarda silencio público. Pero el mensaje de fondo parece claro: el Mundial es negocio, y todo lo que estorbe al negocio —incluso los derechos previamente adquiridos— es susceptible de ser ignorado o renegociado.
Si no hay acuerdo, el caso podría llegar a tribunales en abril. Para entonces, los dueños de palcos no solo estarán peleando por un asiento: estarán exigiendo respeto ante un sistema que, una vez más, parece inclinar la balanza hacia el poder económico y mediático.